LA RENUNCIA OBLIGATORIA
Nos encontramos una vez más, asombrados, ante la consumación
fáctica de un atentado oficial contra la dignidad, que la
presidencia de la República, en contubernio con la corte constitucional autoprorrogada
y por tanto: deslegitimada,
viene imponiendo, tocante al esperpento anticonstitucional, antijurídico y
antigramatical de la “renuncia
obligatoria”. Un poco más comprensible hubiese sido que la llamen: destitución (y difamación) con indemnización
o, propuesta (jamás propuesta) de
retiro voluntario, con indemnización o, jubilación
anticipada. Si hubiese sido para reducir la inflada burocracia (que daría un toque de legitimidad al
despropósito), sin sustituir con los agentes infiltrados de su alianza
coyuntural, sería también más pasable.
Si a caso
existían funcionarios que aparte del sueldo burocrático -nada despreciable-,
estaban malacostumbrados a recibir “alguna cosita” por debajo de la mesa, ¿por
qué no se les siguió (solamente a ellos) un sumario administrativo?
Con la
destitución disfrazada de renuncia, ¿se está saneando, depurando y purificando
la Administración Pública Nacional?
No podemos
dejar de reconocer el esfuerzo social realizado por el gobierno, pero el precio
político y jurídico es demasiado alto, porque los mismos promotores de la
Asamblea Constituyente y Nueva Constitución, la interpretan y malinterpretan en
forma sectaria, según la conveniencia temporal de su movimiento almuerzo país…
Oh, perdónnn el lapsus linguae…: “Alianza País”. Se vulneran cantidad de
derechos, que ellos mismos los promocionaron teóricamente en la “pre-
fabricada” Constitución, pero nos conformamos con poner de realce los
siguientes: Art. 11, numeral 9, párrafo cuarto (debido proceso); 61, numeral 4
(derecho a ser consultados); 95 (derecho de participación); y, el Art. 1472 del
Código Civil, que hace referencia a la “fuerza”, como uno de los vicios del
consentimiento.
Vale resaltar
así mismo -de paso- que el Poder Constituyente, producto de las revueltas e
inquietudes acumuladas desde hace mucho, no
fue ni es el “supremo poder” de la República, por más que los textos y
catedráticos digan lo contrario, ya que en todo momento ese supuesto poder supremo,
fue fríamente calculado y manipulado, con habilidad maquiavélica consumada, por
los contados personajes que han ejercido el poder y llevado la batuta electoralista en el Ecuador, más en
función de su durabilidad particular antes que en función de la Nación. Motivo
por el cual, el Pueblo “protagonista” no ha estado sino cantando y bailando al
son del cha cha cha, como un humilde títere de ese omnímodo poder elitista, que
se ha aprovechado intelectivamente de las ilusiones, ficción y emoción cívica
del Pueblo Ecuatoriano. Tenemos en el aspecto formal una de las mejores
constituciones del mundo, pero en la práctica la montaña de Montecristi,
preñada de expectación tocante a los
derechos de participación
(dosificados con “cuenta gotas”), a duras penas… “parió un ratón”.
Ofrecieron
bajar paulatinamente el monto de la deuda externa -y estuvo al alcance de su
mano-, pero en lugar de eso se dedicaron a inflar hasta límites insoportables la
ya obesa burocracia, creando ministerios, órganos y organismos parásitos absorbentes,
que consumen el presupuesto nacional al estilo de una guerra civil.
No existe una
eficiente reactivación del aparato productivo. El desempleo y subempleo es una
pandemia aparentemente irremediable. Existe complicidad oficial con los monopolios
de productos de primera necesidad, por más que la Ley Antimonopolio diga lo
contrario. Continúa el éxodo migratorio y una actitud esperanzada y mendicante
en las remesas e inversiones de los migrantes. La política agraria no es más
que un pálido reflejo de la incapacidad gubernamental para “revolucionar” la
agricultura.
¿Y en cuanto a
la banca? Muy bien, gracias. Ya que durante el gobierno de la imaginaria
“revolución ciudadana”, los señores banqueros (con excepción del feriado
bancario) han estado y están en la mejor época financiera de la historia. O si
no, preguntémosle a Guillermo Lasso. Supuesto contrincante “del que sabemos”,
que no es más que la otra cara de la misma falsa moneda.
El incremento
de los bonos “bonitos” de la pobreza, es una pobre y paupérrima política
asistencialista y subdesarrollada, que constituye sólo “las migajas que caen de
la mesa del rico” y el “pescado ya procesado” para la supervivencia de un
amplio sector aquejado de una difícil condición”; antes que una “caña de
pescar”, con dignidad; orientado a comprar la voluntad y la conciencia de dicho
segmento poblacional, que determina el manipulado “grado de popularidad” e
inclinó la balanza electoralista, en un dudoso miligramo, en la última Consulta
Popular, donde hicieron demorar la proclamación de los resultados, de una forma
muy llamativa y sospechosa; y así mismo, por el miedo de perder el bono, sigue
determinando los resultados. Las preguntas 4 y 5, que el pueblo llano no
asimiló, sirvieron para someter aún más lo que ya estaba “domesticado”; esto
es, el asalto institucionalizado al poder judicial, con la complicidad y encubrimiento de
la famosa corte constitucional (de la vieja guardia), autoprorrogada,
inconstitucional y condescendiente; que, para reciprocar el inmoral contubernio
de su absurda permanencia contra natura en la administración, “bendijo y
facilitó” la crasa manipulación antidemocrática de todas las funciones del
Estado.
Además,
durante la última campaña electoral, hubo una “fiebre de solicitudes” para el
bono, cuya iniciativa no provenía de los solicitantes sino de los oferentes, a
través de sus miles de agentes. Vale recordar que un importante porcentaje de
beneficiarios, poseen medios de subsistencia autosubsistentes, pero ahí están,
“cargados de gratitud” a favor del gobierno derechizado.
Pero no es
tanto así que se ha derechizado (a la semejanza de Lucio Gutiérrez), sino que
sólo estaba colocado una careta de angelito, debido al grueso barniz de corte
social y asistencial; que ahora con la nueva “aplanadora” está dispuesto a
quitarse desvergonzadamente esa máscara, porque nada ni -aparentemente- nadie
se opone ni puede oponerse a la “puñalada por la espalda” y política de “hechos
consumados” en cuanto a la pretendida y largamente anunciada extracción indiscriminada de todos los
recursos naturales de la República.
Si únicamente
se prestaran para el vergonzoso saqueo y expoliación, sin contaminar ni
envenenar el precioso líquido vital, capaz que nadie protestara; pero no, no y
no: nos mienten que no habrá contaminación, como si no supieran y no supiéramos
que TODA MINA CONTAMINA. Y encima de eso, “disqué” van a recibir unas inciertas
“regalías”, con lo cual nos están
diciendo que van a dejar que se largue “el toro con la beta”.
Nos quieren
convencer que “del mismo cuero salen las correas”, que debemos seguir
“apretándonos el cinturón” indefinidamente, mientras que para ellos no existe
un cinturón (ni una cincha) del calibre suficiente para envolver y sujetar sus
obesas pipas.
Por lo tanto,
debemos decir las cosas tales como son: es imposible a estas horas y alturas
hablar de una verdadera democracia en el Ecuador. Hemos retornado a una
partidocracia reciclada y derechizada, “made in” León Febres Cordero”, Jamil
Mahuad o Lucio Gutiérrez. Asistimos al último y más disfrazado populismo -con
siete polleras- de la historia. Definitivamente, no disfrutamos de un “estado
constitucional de derechos y justicia”, sino un estado sesgado de “Mera legalidad”. Por más
señas, preguntémosle a Alexis Mera, si acaso no continúa esgrimiendo la misma “pluma
y sello” de Febres Cordero, en su patriotero desasesoramiento
presidencial.
¿De qué clase
de democracia podemos hablar si a la flamante Constitución la modificaron antidemocráticamente,
aún antes de nacer?
León Roldós y compañía denunciaron
oportunamente los toques y retoques, de fondo y forma, que continuaron dando aún
después de la última sesión de la Asamblea. Parece que los señores asambleístas,
que de leyes “no sabían mucho”, había -también- que “darles pensando, sintiendo
y queriendo”, al igual que al resto de gente.
Se dieron lujo
y lija en alterar el contenido, que los mayoritarios “levantamanos” lo
aprobaron sin saber por qué.
Y luego de
promulgada en el Registro Oficial, la han continuado manipulando, interpretando
caprichosamente y “haciendo decir” lo que nunca se imaginaron los señores
asambleístas ni legisladores, muchos de ellos -como el “corcho” Cordero- obsecuentes
reincidentes. (Que de todas formas no
surgieron de un proceso democrático popular, sino de un desaforado y
condicionado tráfico de influencias). Son tantas las incoherencias,
incongruencias e inconsistencias, que a pesar de ser una constitución “made in
Ecuador”; en lugar de garantizar los DF y su contenido, se han endulzado en los
toques y retoques como la masa de una melcocha.
No hay tal
cosa como un “estado social ni mucho menos constitucional” de derechos y
justicia; y ni siquiera de mera legalidad (respecto a leyes y códigos
preestablecidos); sino que, cuando la palabra del “caudillo” no es suficiente,
cualquier reglamento de última hora sirve de respaldo “legal-ista” para imponer
su capricho.
Asistimos (y
enfrentamos) un despotismo maquiavélico tipo Edad Media puertas adentro; pero,
una política de canino sometimiento al poder económico universal.
La Constitución
del 2008, un “canto a la vida y a la libertad”, fue cocinada en “olla de
vapor”, luego de la “renuncia dudosamente
voluntaria” de Alberto Acosta; quien quiso socializar, consensuar y
democratizar la Ley Minera; pero, aquellos que ya tenían la proclive intención
de imponer una operatividad extractivista multinacional, a rajatabla, lo
presionaron para que abandone la Asamblea. Lo malo que salió y se alejó sin dar
una explicación satisfactoria. Y ahora…
“La minería va
porque va”.
Gobierno
minero, el agua primero.
Desde la
“renuncia obligatoria” de Alberto Acosta, todo ha girado alrededor del “sol”, en una
suerte de sumisión satelital e incondicional, por parte de los que medran
asegurando su conveniencia particular, en desmedro de la verdadera democracia.
Si fúeramos
malhablados dijéramos que estamos ante una esbirrocracia correísta, pero en
vista de que “las paredes tienen oídos”, nos limitamos discretamente a decir: “asistencialismo-cracia”.
Aún no
estrenamos “con todas las de ley” la Nueva Constitución y estamos ansiosos por
llegar a forjar una manera verdaderamente democrática de participación.
Estamos muy
impacientes que se acabe pronto este doloroso “periodo de transición” y nos
“pican las yemas de los dedos” por esgrimir la “lanza en ristre de Don
Quijote”, tocante al libre ejercicio (constitucional, por supuesto) del
“derecho de resistencia” contra el absolutismo de nuestro “príncipe”
maquiavélico reencarnado… “No hay mal
que dure cien años ni Pueblo que lo resista” y, debemos reorganizarnos -poquito
a poco y dando ya el primer paso- a
través de un Movimiento Social y
Jurídico Nacional; para que cualquier clase de cambio, derogatoria, reconstrucción,
perfeccionamiento, proposición crítica o creatividad
popular y constitucional, provenga directamente
del mismo pueblo, mediante las “Asambleas Democráticas y Participativas,
Permanentes”, en espiral y a todo nivel, como una aplicación teórico-práctica
del Poder Verdaderamente Constituyente,
Constituido y Constitucionalizado, siempre vigente, con una Constitución
de textura abierta; tomando al Pueblo como verdadero protagonista, más no tan sólo como instrumento no deliberante y “aprobador
electoralista” de errores ajenos.
Ahora bien y luego de esta quizá demasiado
larga digresión, que es el marco contextual del asunto que nos ocupa, vamos a
retornar al tema central; esto es, a la “humorística” -por decir algo- renuncia
obligatoria. Concédanme, amables lectores de esta “crónica roja
anti-jurídica y global”, que transcriba los múltiples sinónimos de renunciar: dimitir, abdicar, desistir,
dejar, ceder, condescender, transigir, transar, bajar la guardia, rendirse, someterse,
capitular, abandonar, cesar, suspender, desertar, retirarse. Antónimo: perseverar, persistir, aferrarse
y mantenerse incólume en los principios.
Decimos crónica roja global, porque la conquista y
consolidación de los derechos fundamentales, no es un hallazgo casual ni un
regalo de navidad del poder central, sino el producto del derramamiento de
sangre de innumerables ciudadanos cosmopolitas, a través de los siglos. En
Francia, Inglaterra, Norteamérica, en todos los países del mundo; por lo tanto,
también en el Ecuador. Ej.: 15 de noviembre de 1922. Y no sólo en los siglos
pasados… sino en las múltiples revueltas populares de los antiguos y más recientes
años de “dedocracia” (estilo Pepe María Velasco), disfrazada de democracia.
Hemos visto
que renunciar es: dejación o
desistimiento de algo, que puede ser un empleo, obligación o privilegio.
La
característica consustancial de toda renuncia es su condición enteramente voluntaria y espontánea, en el marco de
la inalienable autonomía de la voluntad, fuero íntimo, libre albedrío, autodeterminación
no determinista y, libertad. El
pedido de renuncia, cuando carece de motivación, aunque no se haga en forma
amenazante, sino de la manera más “amable” y encarecida, significa simplemente extorsión o chantaje emocional,
arrebatando o atropellando violentamente o bajo presión psicológica una
posesión (material o intelectual) y el derecho a disponer de ella por la propia
cuenta y riesgo.
Equivale a “dar pensando, sintiendo y queriendo” respecto a un bien
material o inmaterial, con la misma clase de imperatividad que se ejercita en
la vida militar, monacal o dictatorial.
La
renuncia es un acto enteramente voluntario
o no es renuncia.
La “renuncia protocolaria” y rutinaria de los ministros, a fin de año, o
el acto tradicional y voluntario de poner el cargo en estado de
“disponibilidad”, para su correspondiente evaluación, que produce ratificación o rectificación, tiene un “toque o matiz de renuncia obligatoria, disfrazada de voluntarismo”. Se renuncia con la esperanza puesta
en la ratificación, lo cual ocurre
por lo general. A no ser que un ministro o funcionario público, ya sea por
disponer de un “rabo de paja” o por esgrimir un carácter “cuestionador”, digno
y resistente a la sumisión, considere que su misión no es la sumisión ni el aferrarse
a una función, sino “aflojar” la troncha y prebendas de esa función, aunque sea
con un exabrupto mal disimulado: “ahí queda su tonterada”.
La renuncia obligatoria, “made
in Ecuador”, contradice además al Art. 18, literal 2 del Código Civil, donde
expresa que “las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y
obvio”; pero es natural y obvio que quien impuso esta tesis a los que si
entienden de ley, no tuvo tiempo para leer ni mucho menos interpretar lo que de
por sí no requiere ninguna clase de interpretación.
Hablar de renuncia
obligatoria es comparable a hablar de
un atentado criminal: con toda la premeditación, saña, alevosía y… en forma
involuntaria. Una imposible contradicción. Parecida a la perla o gazapo de:
“obligación espontánea”. Puede haber espontaneidad en el fiel cumplimiento de
las obligaciones ciudadanas, así como la más enconada resistencia, pero hacer
algo al mismo tiempo con mala voluntad y “gusto por hacer las cosas”, es un
despropósito tan contradictorio e irracional como el cuento chino (…se nos pegaron los chinos…) de la renuncia obligatoria. Porque, así como “la minería va porque
va”, la renuncia obligatoria también fue porque fue. Y antes que se me olvide,
“el perdón sin olvido también… fue
porque fue”.
Pero se les olvidó procesar a los
banqueros, porque son “harina del mismo costal”.
La
mezcolanza irracional de conceptos
diametralmente contradictorios e irreconciliables es algo así como si DIOS se
hubiese degenerado o el diablo santificado. Como si el norte, sur este y oeste
se hubiesen unificado en un solo punto. Como “tostar granizo”. Como si un mudo
diera una conferencia, con una elocuencia irresistible…
Y lo
peor es que al “príncipe” no le preocupan estas minucias gramaticales,
conceptuales ni jurídicas, porque: “el fin justifica los medios”.
Dizque
dice que algo dice, contradice y no dice nada.
¿Estamos limitándonos exclusivamente a defender los puestos de trabajo
de los conciudadanos que han sido obligados a renunciar “voluntariamente”?
¿Estamos defendiendo el honor de los
que han sido “arrinconados” súbita e intempestivamente, con el agravante y
agraviante de haber sido brutalmente calificados, marcados, señalados y
sellados ante la opinión pública, con la impronta de “corruptos e incapaces”?
¿Nos preocupa que los humildes
conciudadanos a quienes se compra la renuncia
nunca presentada voluntariamente, porque fueron obligados a renunciar, sufran
en adelante las consecuencias de un estigma de subestimación y devaluación
moral, cuyo precio es imposible de cuantificar económicamente, porque el honor
no tiene precio?
¿O el honor de la gente humilde
se ha invisibilizado en la misma proporción de la egolatría oficial
autosuficiente?
El costo de la oportunidad de trabajar
por el bien de la Patria hasta una pacífica y merecida jubilación, es mucho más
grande que el precio antojadizo de la indemnización por concepto de “renuncia obligatoria”.
¿Estamos negando que en los mandos
medios de la Administración Pública en verdad pueden haber algunos malos
elementos que, no conformes con sus sueldos razonables, se han dedicado a
“traficar” con la transferencia de recursos asignados por el gobierno para obra
pública? Además, ¿no les gusta o no el “aceite tres en uno” para hacer
funcionar la maquinaria?
¿Estamos negando ciegamente
que el ejecutivo tenga alguna razón o pretexto para depurar “hasta cierto punto” la hinchada
burocracia de la Administración?
Pero, ¿estarán eliminando siquiera una
parte de los funcionarios acostumbrados a recibir el mentado “aceite” para el
funcionamiento de su oxidada maquinaria, cuyo sueldo no es suficiente incentivo
para hacer lo que tienen la obligación de hacer?
La respuesta la dejamos a vuestra
propia capacidad crítica de análisis, reflexión y evaluación. No vamos a “dar
pensando, sintiendo o queriendo” a ningún lector pero, desde el punto de vista
puramente jurídico -que es lo que a nosotros nos corresponde-, lo que por lo menos nos interesa -en forma
serena y desapasionada- es: la aparentemente impune violación oficial de la
norma y premeditada trastocación antojadiza del debido proceso.
Si existen razones de Estado, razones
de peso, para eliminar a los malos elementos de la Administración, ¿por qué
mandarlos premiando por su mal comportamiento, con jugosas indemnizaciones, que
(aunque a ciertos funcionarios les parezca insuficiente), a otros elementos
-culposos- posiblemente les habrá caído de película?
¿No hubiese sido lo más sensato -como
ya dijimos- proceder a un sumario administrativo, donde se pruebe hasta la
saciedad la mala inclinación de aquellos que tienen vocación e instinto de
“sanguijuelas”, realmente dignos no sólo de ser calificados como corruptos e
incapaces, sino destituidos por traicioneros, a los más elevados ideales de
patriotismo y servicio social?
Teniendo como tiene el “señor presidente”
el poder o función judicial en sus manos (no digo “garras ni agallas”, porque
no queremos faltar el respeto a su alta investidura…), ¿por qué tuvo tan
precipitada prisa por expulsar (y mandar premiando sin distinción) a algunos
miles de funcionarios, cuya supuesta “corrupción e incompetencia” no se la
comprobaría jamás?
Estimamos que una minoría de los
“afectados”, sí estaban infectados y
deben estar contentos; pero la mayoría de “renunciados no renunciantes”, han
sido ultrajados en su dignidad, ideales y expectativas, al haber sido
calificados de incapaces y corruptos.
¿No es “más bien” ésa una conducta de
prepotencia dictatorial, que la historia la juzgará inexorablemente?
¿Se puede cuantificar en cincuenta mil
dólares el precio del honor y dignidad de aquellos conciudadanos que en verdad
tienen una hoja de vida y servicios impecable, y que sin embargo han sido
violentamente “descartados” de la Administración, sin ninguna justificación
lógica, quizá únicamente por el “pecado” de meterse a hacer sugerencias, porque
tienen la capacidad de pensar por sí mismos? Además,
¿Por qué el “honor mancillado” del
presidente valía mil seiscientas veces más que el honor mancillado -por parte
del mismo presidente-, contra aquellos funcionarios calificados (sin pruebas o
prescindiendo de las pruebas) como “corruptos e incapaces”?
Ochenta millones de indemnización exigidos
inicialmente por “daños y perjuicios”, en el juicio al diario “El Universo”,
dividido para cincuenta mil, ¿es o no es mil seiscientos?
El honor (que vale más que la vida) no
tiene precio.
Aunque hayan “perdonado” a al fin a Emilio
Palacio por atreverse a llamarlo “dictador”, queda cuantificada en forma “fríamente
matemática” su megalomanía monumental, creyéndose casi dos mil veces superior y
más valioso que el común de los mortales.
Según las divinas escrituras, perdonar
es sinónimo de olvidar, pero nuestro célebre personaje, tiene una memoria tan prodigiosa, que para él es
simplemente imposible olvidar. Perdón
sin olvido. “Prohibido olvidar”, es una de sus consignas predilectas…
¿Por qué tanta generosidad con lo
ajeno, esto es con los fondos públicos, para “arrancar de raíz a los quicuyos”,
pudiendo utilizar más bien el “ranger” del debido
proceso y evitar a todas luces una
innecesaria erogación?
Tiene fobia contra los “corruptos e
incapaces”, pero al mismo tiempo les tiene misericordia, con fondos públicos
que nadie le ha autorizado a dilapidar. Disqué posee un doctorado en economía,
pero tanta es su manía de imposición, que no economiza ni un centavo de los
fondos del erario nacional, para mandar expulsando (y muchas veces premiando) a
un sinnúmero -no delimitado- de “corruptos e incapaces”.
Subestima, desestima y desprecia
violentamente la Constitución, ley,
conciencia, libre albedrío y debido proceso.
Seso sin proceso, provoca un jurídico
absceso.
¿No será sólo un pretexto para
insertar -adicionalmente- a algunos miles de “camaradas” de alianza país, para
que vayan a desempeñar en el seno de los principales órganos del poder, el
papelón de “ojos y oídos” de la élite dirigencial?
De manera que, ¿dónde mismo queda la
supuesta eficacia de la norma y el debido
proceso?
¿No estamos retrocediendo a la época
de la Carta Magna de 1215?
A la justicia la arranca la “venda de
los ojos” y luego la amenaza con destitución para que se incline y “haga la
venia” a su capricho mesiánico y autosuficiente.
El derecho es una lanza de oro, con un
vértice invalorable de diamante, que persigue la corona de justicia. “Bienaventurados los que tienen hambre
y sed de justicia, porque ellos serán saciados”. -Mateo 5: 6.
Hago un llamado inflamado a organizar y
organizarnos a través del “Movimiento Social y Jurídico Nacional”, para sacudir
la pera madura de la encumbrada
esfera, que nos ha robado la fe y la esperanza.
Distinguido lector, ¿qué espera?
La mentada prepotencia se
basa en un sofisma y silogismo, maliciosamente tergiversados, con despectiva y premeditada
falsedad.
a)
Proposición o premisa mayor:
El Art. 47, literal k de la LOSEP se
refiere a la “compra de renuncias con indemnización”. El Art. 108 de la misma
LOSEP habla de la “cesación de funciones por acogerse a los planes de retiro voluntario, con indemnización”…
b) Proposición o premisa menor:
El gobierno nacional dispone -por sí y
ante sí- la compra de “renuncias obligatorias, con indemnización”, a ciudadanos
calificados como “corruptos e incapaces”. Sin comprobar dicha afirmación y sin consultarlos en ningún instante si están o no de acuerdo en vender
o consentir voluntariamente en dicho proceso.
c) En consecuencia:
Y basándose imaginariamente en los artículos que anteceden, (donde jamás se hace referencia a ninguna clase
de renuncias obligatorias), el
gobierno nacional resuelve -para principiar-, poner en ejecución el plan de renuncias obligatorias, con
indemnización, a un número de cuatro mil setecientas personas.
Los dueños del monopolio de la verdad, “hacen
decir” a ciertos artículos de una ley de menor jerarquía que la Constitución,
lo que nada dicen; solamente “dice que dicen”, lo que nunca se propusieron que digan
los legisladores, pero sí los ejecutivos de un acto administrativo, que es
inaplicable jurídicamente como el “divortium aquarum”; acto que se transforma
en un “hecho”, debido al grado de sumisión infrahumana de los mandos medios, ya
que no dicen ni “pío” sobre la desenfrenada temeridad e ignorancia jurídica
premeditada de aquel (o aquellos) que, sabiendo con certeza cuál es la verdad absoluta de la inexistencia jurídica y
semántica de la renuncia obligatoria, se quedan callados como militantes de la potencialmente
trágica “minerocracia”: donde son violentamente “excomulgadas” las personas que
utilizan la “materia gris”, para pensar, hablar y obrar por sí mismas; pero
premiadas con el pan del día, es decir con un “plato de lentejas” las huestes
burocráticas y administrativas que han “anochecido a la mitad del día”…
Cuando existe temor -o reverencia- a
DIOS, no podemos tener miedo al diablo… ni a sus sacrificados agentes,
revestidos como “ángeles de luz” y desesperados por contaminar las invalorables
fuentes de agua de la República.
Por lo tanto, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN, VIOLENTAMENTE
ULTRAJADA, DE LA REPÚBLICA, dictaminamos que: los autores, cómplices y
encubridores (corte “constitucional” anticonstitucionalmente autoprorrogada) de
esta imperdonable e histórica ofensa a la dignidad, no sólo de los
“renunciados”, sino de todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano y Pueblo en
general, deben comparecer ante un Tribunal Imparcial y Nacional, conformado por
los Jueces, Juristas y Representantes Populares, para que expliquen -punto por
punto- el por qué del invento antijurídico monumental
(…será porque aquello’j descienden del mono…)… “Viéndonos la cara de inocentes”
y suponiendo que en el País no existe gente capaz e insobornable, gobiernan este
país de Ripley, gracias a los activos y pasivos militantes de la extractivismocracia.
Gracias amables lectores por el tiempo
y paciencia derrochados en este “pequeño” artículo, con la pretensión de
ENSAYO, sobre la antitética “renuncia obligatoria”,
que nos impulsa hacia la rebelión intelectual, por ahora; como preludio de una
incontenible rebelión volitiva, organizada y revolucionaria, fundamentados en
el Art. 98: Derecho a la Resistencia, que rescatará triunfalmente
el verdadero significado -de estricta legalidad jurídica, explicativa y
aplicativa-… de la Constitución y verdadera revolución
participativa, en un no muy lejano futuro promisorio.
No satanizamos las cosas buenas de
éste gobierno, pero no queremos que se conviertan en una “cortina de humo” para
aplicar el amenazante y brutal extractivismo, contra los derechos de la
Naturaleza y contra la presente y futuras generaciones.
El 57% de ecuatorianos bonificados no
es un “cheque en blanco” para entregar “en bandeja de oro” nuestros recursos
naturales, que el Pueblo deliberante sabrá si lo extrae o no lo extrae, porque
el precio de extracción es demasiado alto, ya que puede provocar una epidemia
de enfermos de cáncer, por la irremediable contaminación y trágica desaparición
de las fuentes de agua.
Somo’j
lo’j ecologijta’j infantile’j…
pero no una manada de giles, dispuestos a entregar en “bandeja de plata” el
“saco de oro” a cualquier extrang-tivista “choro”…
-Gracias.
BENIGNO MARÍN
Estudiante del 4to ciclo de Derecho
Y JAMÁS PUBLICARON LOS ENSAYOS GANADORES DEL 10mo CICLO GRUPO 2!!!!.... ATT. JOSÉ LUIS VARGAS
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